Contents limits

Un tributo a Rafael Arnaiz Eguren, por Beatriz Corredor (Cinco Días)

dilluns, 28 maig 2012

Por Beatriz Corredor

Quizá sea conveniente comen­zar estas líneas explicando el porqué de su título. Y es que aunque hoy los términos urbanismo y registro de la propiedad están indisolublemente relacionados, lo cierto es que no siempre fue así. De hecho, la interrelación entre los actos urbanísticos y el registro se inició en 1956, con la primera Ley de Régimen del Suelo. Desde entonces hasta ahora, la normativa urbanística se ha ido multiplicando y complicando, no solo por la transferencia de las competen­cias en la materia a las comunidades autónomas y por la intervención de las corporaciones locales en el desarrollo urbano, sino porque la aplicación en la práctica de dicha regulación, es decir, la ejecución del planeamiento diserta­do por las Administraciones compe­tentes, ha convertido al Registro de la Propiedad en una pieza esencial del sistema Jurídico Inmobiliario, que re­gula y garantiza los derechos de la Ad­ministración y de los particulares en los procesos de transformación del suelo, al imponer no solo limitaciones al contenido ordinario del derecho de propiedad, sino también el cumpli­miento de cargas y obligaciones al propietario.

Así considerado, el Derecho urbanís­tico es el conjunto de disposiciones destinadas a regular la ordenación del territorio y el uso del suelo y la edificación; y “la transformación del suelo su­pone un conjunto de operaciones eco­nómicas difícilmente realizables sin una clarificación precisa de la titulari­dad de los inmuebles afectados y, sobre todo, sin la garantía registral de las distintas obligaciones económicas que genera el proceso, tanto frente a la Ad­ministración como frente a las entida­des que financian la urbanización y construcción".

Me he permitido usar las palabras que escribió en la introducción de su obra Registro de la Propiedad y urbanismo el gran jurista y registrador de propiedad Rafael Arnaiz Eguren, con quien estamos en deuda todos los pro­fesionales del Derecho -y también los urbanistas- que intervenimos en el ámbito inmobiliario y a quien respe­tuosa y cariñosamente dedico estas líneas hoy con motivo de su jubilación. Esta obra, junto a La inscripción regis­tral de los actos de naturaleza urbanís­tica, es una aportación esencial a la coordinación entre la protección de los derechos de propiedad y el proceso de transformación urbanística, y ambos se han convertido en tratados de uso cotidiano para los registradores, abogados, técnicos de las Administracio­nes públicas, urbanistas y, en general, especialistas en Derecho inmobiliario.

Y así es: la labor de investigación y desarrollo de la normativa urbanística a la que Rafael Arnaiz consagró parte de su vida profesional ha influido decisivamente, cuando no inspirado, buena parte de la regulación hoy vigente sobre la coordinación entre la ejecu­ción del planeamiento urbanístico y el reflejo registral de las operaciones de equidistribución y reorganización de la propiedad. Desde el texto refundido de 1992, toda la legislación sobre ordenación del territorio ha contenido dispo­siciones específicas para que las opera­ciones urbanísticas y las edificaciones tuvieran su exacto reflejo en el Regis­tro de la Propiedad; y así ha sido tam­bién en la normativa estatal más reciente, tal como el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 o el RDL 8/2011.

Así, la ley permite, y en algunos casos impone, la constancia registral de determinadas situaciones urbanísti­cas para dar a conocer la existencia de circunstancias que afectan a la reali­dad jurídica y física de las fincas afec­tadas, contribuyendo de forma decisiva al cumplimiento de los principios con­sagradas en los artículos 9.3 (la legalidad, la Jerarquía normativa, la publici­dad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) y 47 de la Constitución (los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este de­recho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación).

El Registro de la Propiedad es una institución al servicio del Estado, de la sociedad, que desde hace más de 150 años contribuye a la protección de los derechos sociales y económicos de per­sonas, empresas y Administraciones públicas. Y contribuye también a ga­rantizar la integridad patrimonial de la propiedad y a hacer realidad los prin­cipios de transparencia y participación ciudadana y de desarrollo territorial y urbano sostenible, recogidos la exposi­ción de motivos del vigente Texto Re­fundido de la Ley del Suelo de 2008. Esta es la responsabilidad que asumi­mos los registradores y que de forma tan brillante ha cumplido Rafael Arnaiz a lo largo de toda su trayectoria profesional.

 

Torna

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Tots els esdeveniments

Contents limits
tancar